El Real Decreto 1032/2026, aprobado el 20 de noviembre y publicado en el BOE el 21 de noviembre, entra en vigor el 22 de noviembre. Su artículo 5 introduce requisitos de soberanía digital para los centros de datos que alojen sistemas del sector público de categoría alta del Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Se aplican con independencia de la potencia eléctrica del centro y son exigibles una vez comunicada la categoría al titular de la instalación. No se extienden al resto de sistemas por el mero hecho de compartir centro. [1] [2]
La obligación no se limita a la ubicación de los servidores. El contenido y los datos derivados del uso del servicio no pueden tratarse, almacenarse ni transferirse fuera de la UE o del Espacio Económico Europeo, salvo que una norma europea establezca un régimen equivalente o alternativo. La restricción alcanza a las réplicas, las copias de seguridad y los registros que incorporen esos datos. Los metadatos técnicos y la telemetría quedan fuera en los términos del decreto, pero etiquetar como telemetría un registro que contiene datos del sistema, o cifrarlo, no cambia su clasificación. [2]
El titular debe contar dentro de ese territorio con el personal y los medios necesarios para prestar el servicio. Las intervenciones de administración, soporte o mantenimiento desde terceros países solo se permiten si son técnicamente imprescindibles, sin acceso al contenido y con un registro que identifique la operación y a quien la realiza. Para los responsables de contratación e infraestructura, esto significa comprobar no solo la región de alojamiento, sino también dónde se recuperan las copias, qué información recogen los registros y desde dónde intervienen los equipos de soporte. [2]
Los proyectos con permisos de acceso y conexión ya concedidos, pero aún sin conexión a la red al entrar en vigor el decreto, disponen de doce meses para adaptarse y presentar la declaración responsable si van a alojar sistemas de categoría alta. Queda pendiente la orden ministerial que aprobará los modelos de declaración. Hasta entonces, el decreto prevé su presentación electrónica con el contenido exigido, sin que la falta de un formulario suspenda la obligación. [2]
